SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A casi siete años del asesinato del periodista José Silvestre de la Romana, 18 testigos han desfilado por el estrado en San Pedro de Macorís donde se celebra el juicio de fondo del supuesto autor intelectual, que fue extraditado desde Colombia.
Con medidas de seguridad extremas, que incluyen el bloqueo del paso a extraños y la utilización de militares armados del equipo SWAT para custodiar el área, se lleva a cabo el proceso del hombre que presuntamente habría dado la orden para la ejecución.
Tras la presentación de nuestro reportaje el lunes pasado, nos llegaron informaciones fidedignas de amenazas contra mi persona, amenazas que se habrían hecho en la Victoria donde permanece recluido el acusado Matías Avelino Castro, que para el país, estaba preso en San Pedro. Resulta que está detenido en el Pabellón conocido como Alaska, lugar que cuenta con ciertos lujos que en el pasado han incluido desde gimnasio y mesas de villar hasta aires acondicionados.
Nos informan que la noche del pasado lunes, un grupo de internos vio El Informe, reunido en la habitación del imputado. Uno de los presentes, cuyo nombre haremos llegar a las autoridades, dijo textualmente “Si lo condenan, Alicia va a saber quiénes somos, le vamos a dar”.
Primer queremos establecer que de nosotros, que sencillamente somos periodistas, no depende una condena, sino de los jueces que llevan el proceso. Segundo, hacemos pública esta denuncia, no por temor, sino para que las autoridades estén enteradas, específicamente la Procuraduría General de la República, para qué tome nota de dicha denuncia y juegue su papel en este recinto del viejo modelo carcelario que permite a los reclusos mantener estrechos lazos con el mundo exterior. Advertimos sobre la gravedad de esto, que en la cárcel se pueda planificar una amenaza a personas que lo único que hacemos es periodismo y que jamás hemos tenido ningún vínculo con la actividad criminal.
Al mismo tiempo recordamos que han muerto tres testigos de este caso, uno en un accidente, y dos en extrañas circunstancias, además del desistimiento de la familia del comunicador asesinado, dejando al Estado como único acusador.
Entre los testigos que ya han sido escuchados se encuentra un agente investigador de la Unidad de Lavado de Activos y el del co propietario del rent car donde alquilaron el vehículo en que fue raptado el periodista José Silvestre.
Aún faltan por escuchar unos 30 testigos que figuran citados en el rol de audiencia del tribunal.
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