SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La solicitud de nulidad de la investigación en contra del ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa se ha convertido en la manzana de la discordia que mantiene enfrentado al poder judicial.
La recusación a una jueza y la querella en contra de la representante del Ministerio Público, son apenas una parte del conflicto que en el que no faltan señalamientos de irregularidades procesales, acusaciones de ultraje e investigaciones por faltas graves en el ejercicio profesional.
Pero ¿cuál es el historial de la jueza Margarita Cristo Cristo y porque está bajo investigación del Poder Judicial?
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El retiro del ministerio público y el resto de los querellantes de la audiencia en la que se conocería la solicitud de nulidad de la investigación en contra del exministro de Obras Públicas, es el punto de partida de un conflicto que a más de una semana se mantiene en el centro del debate.
Lo ocurrido en el cuarto tribunal de la instrucción quedó registrado en una grabación que circula en la red y de acuerdo con quienes participaron en la audiencia, ésta estuvo plagada de irregularidades.
Miguel Surum, presidente de la Fundación Primero Justicia, asegura que el conflicto inicia con la pretensión de llevar a cabo una audiencia sin haber citado a todos los involucrados.
“Según yo pude constatar en el expediente solo había una constancia de citación a los abogados de Víctor Díaz Rua” dijo Miguel Surum.
Surum asegura que al igual que él, los otros querellantes tampoco fueron convocados.
De acuerdo con el abogado querellante, ante la solicitud del ministerio público de mostrar la constancia de convocatoria, se pudo constatar que en el expediente figura una citación a la Procuraduría Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pese a que es la Fiscalía del Distrito quien lleva la investigación del caso.
Remberto Pichardo, representante de Ciudadanos Contra la Corrupción, C3, asegura que la única querella que reposa en el expediente es la de la organización que representa.
“acabamos de ser admitidos en el proceso, pero a nosotros no se nos ha comunicado nada, porque nos hemos enterado de todo por la prensa, el tribunal no nos había hecho una notificación formal, no se había comunicado la instancia de lo que se estaba pidiendo o solicitando y tampoco nos había dado la documentación que ellos estaban haciendo valer conjuntamente con sus peticiones” añadió Pichardo.
Dichas peticiones incluían la nulidad de las medidas de investigación que se han realizado hasta la fecha.
El aplazamiento fue solicitado por C3, pero fue negado por la magistrada Margarita Cristo Cristo.
“Se recurre en oposición esa decisión para que ella se retracte de su decisión, ella se niega, que crea eso? Una ventaja procesal a favor de la defensa del ingeniero Víctor Díaz Rúa, porque ellos van a hablar de documentos que nosotros no hemos podido analizar, entonces como vamos a contestarles? Eso es una violación flagrante a la constitución y al mismo código procesal penal, eso es una ventaja procesal grosera en beneficio de una parte” aclaró Remberto Pichardo.
Dicha recusación fue rechazada por la magistrada.
En un audio, colgado en las redes sociales, se escucha a Reynoso explicar los intereses envueltos en el caso y las razones de su solicitud de recusación a la magistrada Cristo Cristo.
En declaraciones a la prensa la semana pasada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, confirmó que la inspectoría del Poder Judicial investiga a la magistrada Cristo Cristo por algo que le comentó la fiscal del Distrito Nacional.
Cuatro días después la jueza Margarita Cristo Cristo se querelló en contra de la fiscal del Distrito. Uno de los abogados que la representa en la querella es Carlos Balcácer, quien actualmente tiene como cliente a Víctor Díaz Rúa, en un caso en el que recurre en casación una sentencia que favorece a la empresa Ludovino Industrial, tal y como lo revelan estos documentos obtenidos por El Informe en el Tribunal.
Mediante un comunicado la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) rechazó la actuación de Reynoso y manifestó: “Lo expresado por la Procuradora Fiscal, así como el comportamiento exhibido por la misma, constituyen un gravísimo atentado a la institucionalidad del Poder Judicial, a su independencia, autonomía y majestad de la justicia; principios y valores cuya preservación constituyen el eje central de nuestra organización, lo cual defenderemos siempre amparados en buenos argumentos y actuaciones dignas de nuestra función, sin acudir a la sinrazón, a la ira, a la soberbia, al irrespeto y al sensacionalismo”.
Comentarios publicados por la jueza en las redes sociales salieron a relucir en estrado.
Aunque luego lo borró, Cristo Cristo escribió en su muro de Facebook
“No me voy a rendir. Si yen y Berenice quiere apelar que lo haga. Yo estudie derecho y luego p juez. No soy estrella de televisión. Pero no le voy a permitir ni a ella ni a nadie que juzgue de manera infundada mi dignidad.”
En una nota de prensa enviada el pasado 3 de abril, la Fiscalía del Distrito anunció que apelaría una decisión de Cristo Cristo y cuestionó que dicha sentencia “no tiene fundamento en el derecho”…
Según la nota, la fiscal titular “… lamentó que no es la primera vez que la referida juzgadora de la Unidad de Atención Permanente toma una decisión alejada del derecho”…
En aparente alusión a la nota emitida por la fiscalía, al día siguiente, es decir el 4 de abril, Cristo Cristo publicó un extenso mensaje en su muro de Facebook que dice “Alejada del derecho. No es acaso alejarse del derecho no tener control en personas que están bajo tu mando. No es alejarse del derecho solaparle a un agente que falsee actas. No es alejarse del derecho aceptar que un fiscal solicite prisión preventiva a los cómplices y al autor principal garantía económica. No es alejarse del derecho utilizar el poder mediático para realizar juicio de una jueza que siempre ha actuado conforme a las normas y que usted no sabe cuál es su trayectoria. No es alejarse del derecho que por cuestiones oscuras usted haya enfilado sus cañones hacia mí. No es alejarse del derecho permitir que sea presentado un caso donde el mismo querellante le dice al tribunal que existe un video en poder del Ministerio Público, pero que en la misma audiencia el querellante se convence que ese video el fiscal no lo depositó, no es alejarse del derecho, que hay gente que a su paso se lleva todo lo que encuentra, sabiendo que no le pertenece. Las decisiones se recurren, no se ataca al juez que la ha dictado. Hay que tener mucho cuidado porque no voy a permitirle a nadie que mi dignidad sea mancillada, mucho menos por alguien que ciertamente, nadie le ha dado ningún derecho.”
De juzgadora a querellante pasó la magistrada Margarita Cristo Cristo en apenas cuatro días, luego de querellarse en contra de la fiscal del Distrito Yeni Berenice Reynoso. Pero la jueza también se encuentra bajo el escrutinio de la Inspectoría del Poder Judicial por su actuación en diversos casos.
El 31 de diciembre del pasado año, Cristo Cristo dispuso la libertad mediante garantía económica de Carlos Manuel González Cuevas y Daniel Moreta Díaz y un mes de medida de coerción a Dante Reynoso Valdez.
Los tres fueron apresados cinco días antes durante una supuesta transacción de drogas que involucró 108 kilos de cocaína.
El grupo fue interceptado en la avenida Sarasota esquina Arrayanes, en Bella Vista y le fue confiscada la droga, que según las autoridades estaba en cuatro bultos encontrados en el asiento trasero del vehículo en que viajaba.
Además del testimonio de los agentes de la DNCD actuantes, la fiscalía presentó la relación de llamadas que supuestamente vinculan a los imputados y fotografías que alegadamente registran sus movimientos, entre otra documentación.
El 10 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, también presidida por la jueza Margarita Cristo Cristo, Francisco Orlando Soler, el colombiano Miguel Arturo Racedo Ennuncho, Gregory Alexander Dandrades, Rudy Romero Aquino, y Jhonny Alberto Pinales Báez, acusándolos de ser detenidos tras ocupárseles dos paquetes de un polvo, presumiblemente cocaína, “en la parte trasera, debajo del piso del baúl, en un compartimento secreto tipo caleta en una jeepeta Hyundai Santa Fe, en la cual se transportaba Soler Vásquez”
Los otros imputados llegaron a bordo de un Mercedes Benz y un Toyota Camry.
Irónicamente cuatro de los imputados recibieron como medida de coerción dos meses en La Victoria, mientras que Soler Vásquez, quien viajaba en la jeepeta en la que fue encontrada la droga, recibió garantía económica de tres millones de pesos y presentación periódica los 15 y los 30 de cada mes durante seis meses.
Al día siguiente de dar esa decisión, es decir el 11 de marzo, Cristo Cristo ordenó la libertad pura y simple a Víctor Vásquez Ozuna, quien fue arrestado, según las autorides, en flagrante delito, mientras le decía palabras obscenas y amenazaba con un machete en el cuello a una mujer.
En la resolución, la magistrada argumentó que en el caso no existen los suficientes elementos de prueba, pese a que se presentó el testimonio de testigos y una evaluación psicológica que “… prueba el estado emocional de la víctima como consecuencia de los hechos cometidos en su contra”.
En otra denuncia, esta vez del 7 de abril de este año, la procuradora fiscal Nancy Abreu Mejía elaboró un informe dirigido a la directora de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el que narra “… el 2 de abril, mientras me dirigía a la Fiscalía Comunitaria de Los Ríos, me llamó por el celular la magistrada Thania Valentín informándome que le había dado mi número de flota a una juez, que me iba a llamar con relación a un ciudadano que yo tenía detenido”
La fiscal continúa diciendo que se produjo la llamada de una persona “… quien se identificó como juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que estaba llamando por un favor que le había pedido una compañera juez de La Vega, que estaba en España, que un hermano de ella llamado Yansel Atila Pérez Toribio estaba detenido en la Unidad de Violencia, que quería saber cuál era la situación”
En su informe Abreu Mejía asegura que le informó que se trataba de una investigación por una denuncia interpuesta en su contra sobre violencia de género e intrafamiliar “… que como se trataba de un tipo penal delicado y se trataba de un caso grave, estábamos preparando la medida para remitirla al lugar correspondiente”
La fiscal continúa diciendo que el 3 de abril recibió la llamada de una de las abogadas de la víctima quien le informó que la medida de coerción se conoció sin su presencia.
“Que la magistrada Margarita Cristo fue la juez que conoció dicha medida, que la había puesto en el rol no. 7 y la llamaron en el rol no. 1, que no llamaron a la víctima por su nombre, que lo hizo para beneficiar al imputado a pesar de que el Ministerio Público pidió prisión preventiva, le impuso solo el 226-3 y 4 del Código Procesal Penal”
Es decir, someter al cuidado a vigilancia de una persona o institución que informa al juez y presentación periódica ante el juez o la autoridad que él designe.
El pasado 6 de mayo el Consejo del Poder Judicial recibió una querella disciplinaria en contra de la jueza Cristo Cristo, interpuesta por la Fundación Primero Justicia y Freddy Aguasvivas, en la que solicitan “… aperturar a un proceso disciplinario en contra de la magistrada Cristo… por haber recibido influencias ilegales, ilegítimas y antiéticas, para dar su fallo amparado en una prueba que no vio”
Además “Violación de los principios de imparcialidad judicial, integridad, prudencia responsabilidad e igualdad, consagrados por el código de comportamiento ético del Poder Judicial.”
Al mismo tiempo que pide “proceder a la destitución de la magistrada… por faltas graves en el desempeño de sus funciones”, los querellantes también solicitan “…requerir registros telefónicos y cuentas bancarias de dicha magistrada o sus relacionados a los fines de determinar si existe algún movimiento sospechoso e inusual…”
Cabe destacar que en su declaración jurada de bienes colgada en la página de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Cristo declaró en el año 2008 poseer un total de activos por un monto de RD$3,000,000.00, sus pasivos sumaban RD$66,000.00.
Tres años más tarde, en el año, 2011 Cristo declaró un total de activos valorados en más de 8.8 millones RD$8,866,442.11 y un total de pasivos que ascendieron a caso 300 millones de peses (RD$294,220.37)., o sea que sus pasivos se cuadriplicaron en 3 años.
La publicación no detalla la distribución de esas sumas.
Este viernes la juez presentó las pruebas con las que busca hacer valer su acusación en contra de la fiscal del Distrito.
Como medios de prueba consignó el acta de audiencia y el testimonio de José Batista, el secretario que levantó el acta, quien será interrogado esta semana. Entre tanto la solicitud de nulidad de la investigación en contra del ex ministro de Obras Públicas permanece sin un juez asignado, tras la inhibición de la magistrada Cristo Cristo.
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