Los debates en torno a las medidas cautelares impuestas a los hermanos Espaillat por la tragedia del centro nocturno Jet Set han generado un fuerte revuelo, con críticas dirigidas tanto a la jueza del caso como al Ministerio Público.
Durante la audiencia de medida de coerción, la defensa de los propietarios del establecimiento presentó una serie de cuestionamientos, no solo al informe pericial que determinó las causas del colapso, sino también a las declaraciones de testigos y al contenido del escrito del Ministerio Público, que solicitaba prisión preventiva, la cual fue finalmente denegada.
Una semana y un día después de su arresto, Antonio y Mario L. Espaillat salieron del Palacio de Justicia tras pagar una garantía económica de 50 millones de pesos, gestionada a través de una compañía aseguradora, que cubrió entre el 3% y 5% del monto establecido, como suele aplicarse en casos de altas cuantías.
A ambos también se les impuso presentación periódica e impedimento de salida del país, medidas dictadas en la madrugada del jueves. Las reacciones no se hicieron esperar, luego de que el Ministerio Público los señalara por homicidio involuntario y solicitara 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat.
