SANTO DOMINGO.- Casi dos mil millones de pesos dejados de percibir en cuatro años por un presunto fraude fiscal denunciado por la DGII y que involucra la empresa de un aspirante a diputado y otras que ya están inactivas o sencillamente ni cuentan con domicilios.
Se trata de un caso que lleva casi tres años en los tribunales, con acusados que para esta fecha cuentan con pocas medidas de coerción, o nunca han sido citados, como parte de un proceso que parece dormido en los tribunales.
Dos de las 5 empresas con las que Don Metal supuestamente hacia negocios están inactivas desde 2018, después de presentada la acusación. Los domicilios de las otras tres no aparecen en las direcciones indicadas.
En agosto, el caso cumplirá tres años en los tribunales sin que se haya realizado la audiencia preliminar para determinar si el caso va o no a juicio de fondo.
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