¿MULTIMILLONARIA DESVIACIÓN?

[ Por: Alicia Ortega ] / martes 23 noviembre, 2021 - 3:39 AM

SANTO DOMINGO.- Tres generales, cuatro coroneles, dos teniente coronel, un mayor, una primer teniente, una gerente bancaria y hasta el propietario de una estación de combustible figuran entre los nuevos imputados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Coral 5G.

13 arrestos y 49 allanamientos simultáneos en el Distrito, la Provincia Santo Domingo, Santiago y La Vega son el resultado de en un caso que según las autoridades movió unos 4,500 millones de pesos. ¿Quiénes son los imputados, cuál era su papel y qué vínculos tienen en común?

La sucursal Banreservas, localizada en una estación de combustible en la Avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, esta sucursal del Banco de Reservas habría servido de canal para el 90 por ciento de las operaciones financieras del entramado que el Ministerio Público ha denominado Coral y Coral 5G, compuesto por militares de todas las instituciones castrenses y también de la Policía.

Según la acusación, con la ayuda de la gerente se evitaban los controles del sistema ya que “nunca fueron hechos reportes de transacciones financieras sospechosas” y solo “escasos reportes de transacciones en efectivo” a pesar de “haberse manejado cientos de millones de pesos por personas que no contaban con el perfil financiero para esto”.

Cinco cajas de documentos, llegaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el viernes en la noche. Un caso que según la fiscal Mirna Ortiz, terminará con todos los implicados en prisión.

Dijo cuentan con 700 pruebas entre las que se encuentran documentos, títulos de propiedad y bienes inmuebles, muchos de los cuales ya están en manos de las autoridades.

Las acusaciones incluyen la creación de empresas para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables“ los cuales “nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoria y así poder distraer fondos millonarios del Estado”.

La asignaron de sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.

El nombramiento de personas de confianza en los departamentos de auditoria, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, y cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General.

La distracción de fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y 90% de lo cobrado, para ser distribuido entre los miembros de la organización. El promedio mensual de la recolecta con las nóminas, según las autoridades era de 6 MM al mes.

El Ministerio Público también dice utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos.

Siete empresas, Distribuidora Talf, Distribuidora KF, Rawel Importadores, Optumus, SOS Carretera, Meljo Comercial y S.S.A Corporation, dice la solicitud de medida de coerción, fueron utilizadas para contrataciones ficticias en el Cuerpo Especializad de Seguridad Turística (CESTUR) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) para suplir combustibles, materiales y servicios, nunca entregados. Sin embargo con los pagos de los mismos supuestamente se realizó la adquisición de las propiedades de los miembros de la red criminal.

La alegada sustracción de fondos millonarios del Estado a manos de estas empresas, que reportaban a la Tesoreria Nacional nóminas mensuales de entre 1,382 y 2,280 pesos, sobrepasa los 537.4 millones de pesos, entre las contrataciones ficticias al Cestur y Cusep, con el financiero de ambas instituciones, Rafael Núnez de Aza a la cabeza y con la autorización de los coimputados el General Juan Carlos Torres Robiou y mayor General Adán Cáceres Silvestre.

La tranquilidad que impera en las afueras de la torre Regatta Residences donde reside Torres Robiou, no delata las seis horas de interrogatorio que precedieron su arresto en la Procuraduría General en este segundo round de la Operación Coral.

Es durante un segundo interrogatorio que el ex director del Cestur fue arrestado. Así lo confirma su abogado Cándido Simón.

Lo conversado en dicha comparecencia giró en torno a un tema ya conocido.

El nombre del Robiou salió a relucir hace poco más de seis meses, cuando en medio de la audiencia de medidas de coerción del caso Coral, el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, lo señaló como beneficiario del entramado corrupto.

Según el abogado, el general junto a dos amigos, cuyos nombres no quiso revelar, sub arrendaban en una plataforma de alojamientos turísticos una propiedad alquilada.

Presuntamente cada uno pagaba mil dólares y compartían los beneficios que les dejaba en la plataforma el sub alquiler de la propiedad.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Torres Robiou utilizando la compañía Único Real State e Inversiones, de los también imputados en el Caso Coral la pastora Rossy Gúzman y su hijo Tanner Flete, adquirió el suntuoso inmueble localizado en el complejo turístico Balcones del Atlántico en Samaná.

Al ser interrogada la pastora dijo que la adquisición del inmueble se realizó.

Conversaciones de WhatsApp en manos del Ministerio Público evidencian que el destinatario final de la compra es Torres Robiou.

La página 76 contemplan que en una primera conversación el 28 de agosto de 2019 alguien identificado como Torres Robiou le dice a Pou “el proceso vamos bien”.

A lo que este responde “esperando a Núñez para el pago y la firma”.

La persona que se identifica como el general añade: “pero el te ha mantenido al tanto del proceso?, el ya lo tiene, recibe eso a primera hora”

La acusación del Ministerio Público establece que de los fondos del Cestur salían pagos (pagina 78 5.16) “de tarjeta de Torres Robiou, su esposa Greybby Cuello, pagos de mantenimiento de su apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo”.

También se hacían depósitos “por el concepto Arroyo Naranjo, refiriéndose a propiedades que posee Torres Robiou en Jarabacoa, compras de ropa, zapatos y accesorios, las matrículas del colegio de sus hijos “lo que evidencia la forma en que el general Torres Robiou distribuía los fondos del Cestur, sin obviar los fondos en efectivo que recibía”.

Según su declaración jurada, el general percibía un salario de RD$41,030 en la Fuerza Aérea, institución de la que es piloto y otros RD$180,000 como director de Cestur.

En propiedades declaró poseer un apartamento adquirido en mayo de 2007, valorado en RD$8,000,000.

Un solar, comprado 7 años mas tarde (mayo 2014), cuyo valor asciende a RD$2,215,000, otro valorado en RD$1,200,000 adquirido también en  mayo de 2014 y una granja cuyo valor declaró en RD$8,000,000 obtenida en febrero de 2019. Además declaró 25 tareas plantadas de yautía y 67 tareas de yuca que le generan ingresos por $1,200,000 y $1,000,000 respectivamente.

En el mismo documento Torres Robiou también declaró poseer cuatro cuentas de ahorro en pesos que suman RD$3,537,249.08, igual número de cuentas corrientes que suman RD$1,780,498.08 una cuenta en dólares con poco más de 10 mil US$10,763.96 y depósitos a plazo fijo por RD$ 5,070,765.57, también una jeepeta Chevrolet Tahoe 2017 valorada en RD$2,531,100 y un vehículo  de su esposa Greybby cuello, BMW 2016 cuyo costo asciende a RD$2,861,500.

Sin embargo en su acusación, el Ministerio Público le atribuye la propiedad de nueve vehículos, siete jeepetas, una camioneta y un carro.

Otro de los generales imputados en el caso Coral 5G es el también miembro de la Fuerza Aérea, Julio Camilo Santos Viola, quien desde agosto del 2012  hasta agosto de 2020 se desempeñó como sub jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, que dirigió Adán Cáceres Silvestre.

A su nombre, dice el Ministerio Público, fueron librados cheques por 738.2 MM setecientos treinta y ocho millones , doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos. “por concepto de pago de gastos para operaciones de inteligencia”. Dicho dinero, según los fiscales “fue utilizado de forma discrecional por los miembros del entramado y el imputado De los Santos Viola, aumentando con dichos fondos públicos sus patrimonios personales.

Para la distracción de los fondos los miembros del entramado “crearon una cláusula de confidencialidad estableciendo que con relación a las operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles ni generar soportes puesto que eran asuntos de seguridad y defensa nacional del país” con esto evitaban la fiscalización de los fondos.

En su declaración jurada de bienes, De los Santos Viola declaró 13 propiedades, entre ellas nueve solares cuyos valores sobrepasan mis 22.3 millones RD$22,313,115.47.

Llama la atención que por lo menos dos de los solares fueron adquiridos el 17 de enero de 2020, otro apenas siete días después el 24 de enero, uno casi dos meses más tarde el 17 de marzo y tres solares adicionales comprados  el 7 de julio de 2020, todos mientras fungía como subjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares.

De los Santos Viola también reflejó en su declaración jurada que tiene una parcela valorada en RD$4,800,000, una residencia de RD$1,050,000 y un apartamento de RD$8,000,000.

Sin embargo el Ministerio Público le atribuye la propiedad del  apartamento D-5 de la Torre Elsa localizada en la calle César Nicolás Penson en Gascue, que de acuerdo a la DGII esta valorado en 8 millones de pesos.

Igualmente dice que “En esa misma torre el imputado tiene dos apartamentos más a nombre de testaferros, el 4 A y el 3 A, todos adquiridos en 2015, siendo subjefe del CUSEP”, dice la solicitud de medida de coerción.

En la la Torre Harriannet IX, otras dos propiedades “el apartamento 10 C cuya propiedad se atribuye a De los Santos Viola y 3 A presuntamente propiedad del mayor general Adan Cáceres…  permanecían alquilados”.

Era la hermana de De los Santos Viola, quien alegadamente recibía los pagos de alquiler de ambos inmuebles y bajo interrogatorio, según el Ministerio Público dijo: “que el dinero de dichos alquileres debía entregarlo de manera presencial y en efectivo en la oficina del Palacio Nacional a Adán Benoni Cáceres Silvestre y a Julio Camilo de los Santos Viola”.

Los suegros de De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, quien no aparece con cotizaciones ante la Tesodería de Seguridad Social (TSS) y Elida María Trinidad Santiago, quien fue conserje, según el MP,  poseen a su nombre 16 inmuebles, todos adquiridos “luego de que el imputado asumiera las funciones de subjefe del Cusep y comenzara a manejar los fondos de operaciones de inteligencia”.

El Ministerio Público asegura que desde 2004, de los Santos Viola ocupa el apartamento 3D del módulo 1 residencial Doña Elena en Las Dianas, de Santiago y que “posteriormente, a partir del año 2014 este, valiéndose de la función que desempeñaba como subjefe en el Cusep, y de la cercanía que posee al ex presidente Medina, ocupó el apartamento 4D del mismo módulo y procedió a fusionarlos, creando un solo apartamento de lujo”.

El Ministerio Público también dice que el imputado “se adueñó de una considerable cantidad de terreno del referido residencial el cual ha convertido en una lujosa villa con dos niveles de construcción, piscina, varias canchas deportivas, pista de atletismo, docenas de máquinas de gimnasio, helipuerto, casa para seguridad, utilizando el inmueble incautado y los recursos desviados a través de actos de corrupción”.

El general de Brigada del Ejército, Boanerges Reyes Batista, completa el grupo de tres generales imputados en esta nueva etapa.

De 2012 a 2014 se desempeñó como subjefe del Cuerpo de Ayudantes, en agosto de 2014 fue ascendido a General de Brigada, pasando a ocupar la función de director general del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro (CESMET).

A este le atribuyen la “adquisición de terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste,  valorada en casi un millón de dólares (US$981,126.52) utilizando el mismo modus operandis de los imputados Torres Robiou Cáceres Silvestre y Franklin Antonio Mata Flores”.

En una declaración jurada de bienes rectificativa, Reyes Batista declaró una residencia de RD$24,460,472.37 adquirida el 27 de abril de 2020, poco más de dos meses antes de las elecciones presidenciales.

Declaró otra residencia valorada en RD$6,754,358.63 adquirida el 4 de diciembre del año pasado.

Un apartamento valorado en RD$10,500,000  comprada el 14 de noviembre de 2014

También declaró, a nombre de su esposa, un solar valorado en RD$600,000.00 adquirido el 9 de enero de 2004.

Reyes Batista también dice tener 120 reses de producción lechera, valoradas en RD$2,400,000, 62 reses para carne por valor de RD$558,000,00, 64 cerdos de reproducción con un valor de RD$640,000.00, además de 83 cerdos de crianza cuyo costo asciende a RD$124,500.00, cinco mil matas de limones valoradas en RD$200,000.00, 200 matas de naranja por RD$ 80,000.00, una cuenta en dólares a nombre de su esposa con US$3,693.23 dos certificados financieros, uno por RD$2,669,188.88 y otro por RD$2,000,000.00, dos más a nombre de su esposa por RD$1,500,000.00 y 1,000,000.00.

En esa misma declaración, Reyes Batista declara un salario de RD$41,030.

En su acusación el Ministerio Público dice que el imputado manejó sumas millonarias que superan los 59 millones de pesos a través de cheques emitidos desde la cuenta del Cuerpo de Ayudantes Militares, suma que según el Ministerio Público, fue distraída.

El capitán de Navío de la Armada Dominicana, rango que equivale a Coronel, Franklin Antonio Mata Flores, es otro de los arrestados e imputados en este caso.

Inicialmente se desempeñaba como miembro de la avanzada en el Cusep, entre agosto de 2010 y agosto de 2016.

En adición a esas funciones fue designado como director de Dragas, Presas y Balizamiento, cargo que mantuvo hasta el 13 de octubre del año pasado.

Según su declaración jurada de bienes, el 27 de abril de 2020 adquirió una residencia valorada en RD$27,626,298.87, y otra el 4 de diciembre del mismo año, por RD$6,754,358.63, a pesar de que el ministerio público dice percibe por la Armada $29,375 pesos mensuales y por el CUSEP $15 mil como director de Dragas, Presa y Balizamientos recibió un total de 8.1 millones.

El Ministerio Público le atribuye haberse beneficiado“considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado en perjuicio del Estado”

Al igual que sus compañeros de armas, adquirió una vivienda en Colinas del Oeste, dice el Ministerio Público utilizando el mismo modus operandi.

De acuerdo con una tasación de abril de este año, el inmueble de Mata Flores en Colinas del Oeste está valorado en 1.1 millones de dólares.

Mata Flores, dicen las autoridades, “ha aumentado considerablemente su patrimonio durante el tiempo que ha ejercido las funciones previamente descritas adquiriendo dos inmuebles continuos… ubicados en el Complejo Villa Vacacional La Isabela, que según lo registrado en la DGII poseen un valor de 35 millones de pesos”.

Los terrenos del CEA también estuvieron bajo la mirilla de Mata Flores que según una certificación de esa institución

“Adquirió una porción de terreno en Cumayasa (zona de playa)… con una extensión territorial de 3,553.80 metros cuadrados, la cual adquirió a 200 pesos el metro”, según el documento.

El coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz, también de la Fuerza Aérea, tenía el sobrenombre de “El ayudante”. Al Cestur llegó en agosto de 2014, desempeñando las funciones de ayudante del director general y encargado de mesa.

De acuerdo con el Ministerio Público, “manejó mas de 304.9 millones por concepto de fondos destinados a las raciones alimenticias en el Cestur… que fueron distraídas en provecho de la estructura criminal de corrupción”.

Otro Coronel de la Fuerza Aérea, esta vez piloto, vinculado a la trama corrupta es Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, su alias es Recursos Humanos, precisamente ese departamento dirigió en el Cestur desde el 2014 y hasta el 9 de junio de este año.

Su función, según el Ministerio Público, era “mantener la estructura de corrupción que operaba con las nóminas” de esa institución.

De acuerdo con la acusación “recibía sus beneficios en efectivo con la intención de no dejar rastro de lo percibido… no obstante en determinadas ocasiones llegó a recibir depósitos de los miembros del entramado, específicamente de los que trabajaban con las nóminas”.

El Ministerio Público asegura que Guzmán Alcántara aumentó considerablemente su patrimonio, adquiriendo inmuebles y vehículos que no podría justificar con los ingresos legales que puede demostrar.

También de la Fuerza Aérea es el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, definido por el Ministerio Público como uno de los hombres de confianza y brazo operativo del imputado Adán Cáceres, teniendo bajo su responsabilidad la administración de varias fincas y granjas de este que se encuentran en La Vega y Monte Plata.

La primera de estas propiedades, según el documento, consiste en una finca en La Vega, producto de la unificación de certificados de título de los hermanos Abreu, que vendieron en 14 millones que “fueron pagado en efectivo en un saco”.

Al ser entrevistado por otro inmueble, José María Abreu Molina habría dicho al Ministerio Póblico que vendió por unos cinco millones cuatrocientos mil pesos, los cuales fueron pagados en efectivo.

Añadió: “Nosotros teníamos un préstamo en el Banco Agrícola por esa finca de Río Verde y Roger movía influencias para que el Banco Agrícola nos cobrara impulsivamente. El del Banco Agrícola de La Vega nos mandó a buscar y me dice que vendiéramos a Erasmo para que salgamos de eso. Unos días después apareció Roger en la casa y nos dijo que nos la iba a comprar”.

Ahí se vieron, dice, en la obligación de venderla por 5.4 millones.

“De los cuales saldamos en el Banco Agrícola y lo otro fuimos con él al Banco de Reservas y lo depositamos en mi cuenta. Ese dinero también lo trajo en un saco”.

Otro teniente coronel, esta vez del Ejército, involucrado en el caso es Kelman Santana Martínez, quien llegó al Cusep el 31 de agosto de 2012 ocupando la función de subdirector administrativo y asistente personal del Cusep, siendo considerado la persona de mayor confianza de Adán Cáceres.

Entre 2013 y 2021 Santana Martínez recibió, según el MP,

“En supuestos incentivos por parte de Cestur cerca de un millón de pesos, sin embargo no aparecía registrado en el Departamento de Recursos Humanos como empleado de la institución”, dice la solicitud de medida de coerción.

Las autoridades le atribuyen como principal función administrar para Adán Cáceres la empresa utilizada para lavar gran parte del dinero del entramado, la Asociación Campesina Madre Tierra. Santana supuestamente se encargaba de las ventas que hacía dicha empresa, para posteriormente mezclar el dinero de las mismas con lo sustraído de los actos de corrupción”.

Santana Martínez también compró, sin financiamiento un solar valorado en RD$3,964,400 en el residencial Colinas del Oeste, donde también adquirieron propiedades otros de los imputados.

El mayor de la Policía, José Manuel Rosario Pirón, también ingresó al Cusep en 2012, como encargado de Tesorería.

De acuerdo con la acusación, Rosario Pirón “es considerado parte esencial de la estructura de corrupción, identificado como la mano derecha del director financiero de Cestur y Cusep, Rafael Núñez de Aza”.

Rosario Piron habría realizado unas 22 transacciones que levantaron Reportes de Transacciones en Efectivo entre 2018 y 2020.

Seis a Único Real State, dos al propio Núñez de Aza, una a Randa Internacional y otra a la Asociación Madre Tierra. Dichas transacciones suman casi 18 millones de pesos.

La primer teniente de la Policía Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, figura, de acuerdo con la investigación, con tres propiedades a su nombre que que las autoridades dice realmente pertenecen a Núñez de Aza.

El testimonio de cuatro miembros del Cestur y parte del equipo administrativo y financiero de la institución con conocimiento de las irregularidades,  da cuenta de que  (7.103 pagina 168) “todos los retiros de efectivo debían realizarse en la sucursal bancaria del banco de Reservas en la cual la imputada Esmeralda Ortega Polanco, alias 550 era la gerente, debido a que los mismos se realizarían con ella sin ningún tipo de problema, conforme a lo que expresaba Rafael Núñez de Aza.

Ortega Polanco, amiga de Núñez de Aza, también tiene una propiedad en Colinas del Oeste.

Finalizamos con la Estación de combustible La Marinita, localizada en la Avenida España.

El Ministerio Público imputa a su representante, César Félix Ramos Ovalle, diciendo que según testimonios recabados por los fiscales, La Marinita era contratada por el Cestur para el suministro de tickets de combustible, sin embargo la misma no los entregaba y recibía vía transferencias los pagos correspondientes como si el servicio fue brindado.

De dichos pagos, Ramos Ovalle alegadamente “se quedaba con un porcentaje, retenía el pago de impuestos y entregaba parte a Núñez de Aza a través de miembros del cuerpo administrativo del Cestur”.

La entrega de esos fondos dicen se hacía en efectivo y en el mismo domicilio de la entidad comercial.

La acusación revela que los contratos mediante los cuales fue favorecido Ramos Ovalle en Cestur ascienden a 29.2 millones RD$29,200,000.

La audiencia de solicitud de medidas de coerción, programada para éste domingo, fue aplazada para el próximo jueves. Aunque aún no se decide si será televisada o no, algunos abogados han manifestado que solicitaron al tribunal que sea conocida de manera pública porque aseguran sus defendidos tienen como demostrar su inocencia.

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