SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las modificaciones al Código Procesal penal mantienen enfrentados a quienes enarbolan que el cuestionado párrafo 3 del artículo 85 es inconstitucional y a aquellos que ven como un retroceso a las conquistas ciudadanas la eliminación del derecho de querellarse en contra de los funcionarios públicos. Las denuncias de una diputada oficialista de supuestas irregularidades en la aprobación de la pieza en la cámara baja ha abierto un nuevo debate, y desde ya se advierten sanciones.
¿Firmó el legislador Víctor Suarez, la pieza que presentó, sin leer su propio proyecto?
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Para algunos congresistas la observación hecha por el Poder Ejecutivo se convierte en una oportunidad para reexaminar el proyecto y adecuarlo a la realidad dominicana. Entre tanto el Tribunal Constitucional se reservó el fallo de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Díaz Rúa
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