SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A más de una década de la promulgación de la Ley 28-01, que creó una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, los actores del sistema productivo nacional se encuentran divididos entre quienes consideran que la ley fomenta la competencia desleal y aquellos que apoyan los beneficios impositivos para las empresas instaladas en las provincias ubicadas en la frontera.
El Informe con las actas de hasta 16 empresas aprobadas, incluyendo empresas de pacas, algo prohibido por ley.
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Unas 79 empresas se han acogido a la Ley 28-01 y operan en las siete provincias de la frontera. Aunque está pendiente la revisión, los fronterizos esperan que eliminen los derechos ya adquiridos, mientras que la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) propone modificaciones.
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