La corrupción se desplaza a sus anchas por instituciones públicas

[ Por: Alicia Ortega ] / lunes 23 junio, 2014 - 10:49 PM

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La corrupción se desplaza a sus anchas por las instituciones públicas. Así lo confirma un libro que pondrá a circular Participación Ciudadana, en el que se recogen 13 años de denuncias realizadas por los medios de comunicación; la mayoría de las cuales no ha tenido mayor repercusión que la de su presencia en la prensa.

Las denuncias se remontan hasta al año 2000, los casos suman 94 y las condenas apenas llegan a 9.

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Esto es un reflejo de la realidad que se vive en la República Dominicana pues de acuerdo con el libro “La Corrupción Sin Castigo”, editado por Participación Ciudadana.

En por lo menos 22 medios de comunicación, tanto escritos como en sus versiones digitales, se recogen las denuncias compiladas por organización no partidista en un libro de 257 páginas.

Si nos remontamos al 2002, en noviembre de ese año, el coronel Pedro Julio Goico fue apresado por su supuesta implicación en un fraude por 40 millones de pesos contra el Baninter.

En una entrevista exclusiva para El Informe Goico habló sobre el tema.

Según reseña la publicación, “La Corte de Apelación de Santo Domingo anuló la sentencia que calificó de criminal el expediente”, mientras que el Estado desistió de constituirse en parte civil tanto en contra de Goico como de otros tres imputados, “… por considerar que estos no le provocaron daños y Baninter reiteró no sentirse agraviado por el supuesto fraude”.

Cabe destacar que el casi le costó al Estado Dominicano unos 2,200 millones de dólares.

El ex procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, fue acusado en 2005, junto a 10 personas más, de “facilitar ilícitamente la salida de prisión de reclusos, donde convergían la existencia de sumas de dinero con promesas de indulto y el uso indebido de facultades legales en excarcelaciones”.

 

La publicación continúa diciendo que “La Embajada de los Estados Unidos manifestó su inconformidad con la labor de Céspedes, en lo referente a los indultos y solicitó la aprobación del Departamento de Estado para la revocación de la visa del ex procurador”, tal y como se manifestó en los cables de los wikileaks revelados en el país por el Grupo Sin.

Otro cable, fechado el13 de julio de 2007, da cuenta de que la representante dominicana en la Oficina Comercial de Hong Kong, Casilda Teonilde Casado Alcántara de Cheung, ejercía tráfico de personas de nacionalidad china en calidad de migrantes, utilizando a la República Dominicana como punto de partida para llegar a territorio estadounidense”.

La Embajada solicitó revocar las visas a la funcionaria,  su esposo, su hermano, y su hija.

Sin embargo dice el libro que no se identifica ninguna investigación oficial de este caso.

Otra de las denuncias que figura en el libro es sobre el fondo de asistencia del Senado, conocido como El Barrilito.

Según lo denunciado entonces en El Informe “.. los senadores sobrepasaron el techo fijado para empleos en el 2007 y además la nómina había sido abultada con familiares y amigos”.

Ponen como ejemplo que una ex empleada doméstica, al servicio del senador de Valverde, estuvo sin saberlo en la nómina con 20 mil pesos hasta el 2008.

En 2009, el entonces director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel fue denunciado por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión en esa institución.

La publicación editada por Participación Ciudadana recoge que entre los actos denunciados por El Informe estuvieron el “uso ilícito de los fondos de la cooperativa de empleados del INDRHI , endeudamiento millonario injustificado del INDRHI, sobre evaluación en 1,200% e irregularidades en la licitación de la presa de Monte Grande y la Hidroeléctrica de Monte Llano, entre otras”.

Al año siguiente, en julio de 2010, el entonces director de Aduanas denunció a un grupo de empleados de la regional en Santiago, por el despacho de mercancías sin control, verificación y fiscalización aduanera. La práctica le costó al estado 100 millones de pesos.

Pese haberlo denunciado,  Aduanas retiró la hijos de prominentes dirigentes del Partido de liberación dominicana en Santiago.

En 2010, El Informe dio a conocer el desfalco del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), y luego reportó el contenido en una auditoría de la Cámara de Cuentas.

La investigación dio a conocer el déficit de 149 millones de pesos y pérdidas operativas acumuladas en los años 2008 y 2009 valoradas en 544 millones de pesos.

Hasta la fecha el caso ha sido aplazado en cuatro  ocasiones en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

En 2011 , El Despertador reveló que CORPOHOTEL favoreció de manera irregular a funcionarios civiles, militares, dirigentes políticos, periodistas y otros particulares, como arrendatarios con derecho a la primera opción de compra de las 203 cabañas del residencial Ercilia Pepín, en Jarabacoa.

La propiedad, perteneciente al Estado Dominicano, fue construida originalmente  para el descanso de empleados del Estado, especialmente educadores.

Con cámara encubierta el despertador comprobó que las cabañas eran ofertadas para la venta, cuando el contrato con el Estado hablaba de arrendamiento.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo,  señaló que “… a los supuestos arrendamientos hay que darle marcha atrás porque eso contradecía el decreto del entonces presidente Leonel Fernández, que declaró el 2011 como el año de la transparencia”

Sin embargo no se conoce acción alguna sobre el tema.

Más de 661 millones de pesos de los fondos del INDRHI utilizados por su entonces director Héctor Rodríguez Pimentel, sin la aprobación del consejo, mas de un 1 millón de pesos (1 millon 400 pesos) en alquiler de una habitación en el hotel El Embajador, supuestamente utilizada como oficina por Rodríguez Pimentel y más de 1 millón 500 mil pesos en gastos de representación por medio de una tarjeta de crédito con la que se pagó hasta la universidad de un hijo del entonces funcionario, también fue reseñado en el libro La Corrupción sin Castigo.

La revelación fue hecha en el Informe, tras una auditoría de la Cámara de Cuentas.

A casi dos años de la presentación del escrito de acusación, está pendiente el conocimiento de los méritos de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

La sobrevaluación en la remodelación de la edificación y la construcción de los parqueos soterrados del Palacio de Bellas Artes, investigación realizada por El Informe también figura en La Corrupción sin Castigo.

Una auditoría de la Cámara de Cuentas luego detectó varias irregularidades, en la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado,  entre ellas “un sobre pago de casi 1,400 millones de pesos (1,394.1 millones de pesos) en cubicaciones, aumentos ilegales de las obras contratadas entre 2005 y 2008 por 6,523.9 millones de pesos y la sobrevaluación del Palacio de Bellas Artes y construcción de los parqueos soterrados, elevado su costo de 761.1 millones de pesos a 1,601.8 millones de pesos”

El libro también reseña el caso de los beneficiados con los 180 apartamentos del residencial El Progreso, ubicados en la Avenida Luperón.

Incluyeron allegados y parientes del ex presidente Leonel Fernández, miembros de la escolta presidencial, empleados de Funglode, del Despacho de la Primera Dama y miembros del poder judicial.

Además de ser familiares o colaboradores cercanos a las esferas del poder, los agraciados, muchos de los cuales ya poseían otras viviendas, fueron beneficiados con 2 millones del costo de la vivienda, que fue asumido por el Estado.

Pese a lo grave de la denuncia, esta nunca fue investigada.

De las 94 denuncias realizadas por los medios de comunicación y recopiladas por Participación Ciudadana, un 32.9 son en contra de Ministerios, un 15.04 pertenece los Ayuntamientos Municipales, mientras que un 9.4 pertenece a Organismos Centralizados.

El resto de las denuncias recopiladas en el libro se divide entre Consejos y Comités, Direcciones Generales, Empresas Públicas, Fuerzas Armadas, Instituciones Financieras, Organismos Descentralizados, Policía Nacional y el Senado de la República.

De esas 94 denuncias, solo 9 han concluido con una sanción.

31 de esos casos se convirtieron en denuncias, 2 en querellas, 13 están bajo investigación, otro es una investigación actualmente detenida, 1 se encuentra en fase preparatoria y 4 han sido archivados.

Este jueves 26 Participación Ciudadana pondrá en circulación el mencionado libro titulado La Corrupción sin Castigo.

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