SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La millonaria inversión que se realiza en la reconstrucción del Restaurante Del Lago, ubicado en el Parque Mirador Sur ha desatado una controversia entre regidores del Distrito Nacional y su administración.
Es que algunos concejales se oponen a los trabajos, considerando la acción como una violación a la ley, ya que la transformación se realiza sin aprobación del Concejo Municipal.
Rico en paisajes, el parque Mirador Sur es considerado uno de los pulmones de la ciudad de Santo Domingo, así como el lugar idóneo para actividades deportivas y de recreación.
Pero la paz que evoca esta área protegida, concebida a finales de los 70, contrasta con el debate actual por la reconstrucción del restaurante Del Lago, ubicado en este tramo ecológico.
La regidora Consuelo Despradel asegura que en estos trabajos hay manos metidas de algunos miembros de la administración municipal.
El artículo 52 de la Ley del Distrito Nacional y Municipios requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula del Concejo Municipal, así como la información pública de por lo menos 15 días para que la ciudadanía exprese sus consideraciones cuando se trate de aprobar una enajenación en un bien considerado patrimonio municipal. El Mirador Sur entra en esta categoría.
El empresario Luis Marino López, propietario de los restaurantes Adrian Tropical, es el arrendatario del restaurante Del Lago desde mediados del 2009.
Reacondicionar el área dice era fundamental. La reestructuración de la fuente del lago y los jardines empezaron a formar parte del plan de López.
Más tarde el cambio de puertas y ventanas, seguido de la reparación de techos, pisos y paredes, así como la adecuación de la cocina, del aire acondicionado y del sistema eléctrico.
El costo 1.5 millones de dólares, es decir, unos 54 millones de pesos.
El ayuntamiento, dice, fue informado previo a los trabajos.
En la primera carta data, del 18 de septiembre del 2009, el empresario somete la propuesta para restablecer el Lago.
Ya para el 27 de octubre el Ayuntamiento del Distrito Nacional responde en una comunicación firmada por el director de Ingresos, Eduardo Lantigua, “…no tenemos objeción siempre que sea conforme al contrato y antes de iniciar debe someter los planos a la dirección de Planteamiento Urbano…”.
En agosto del 2010, el director de Planteamiento Urbano envió por escrito al encargado de Infraestructura Urbana, Abel Noboa, la remisión de la propuesta del Restaurant Atracciones El Lago. El documento dice: “llamamos la atención de lo relativo a las inversiones que realizará dicha empresa, ya que las mismas se amortizarán con el arrendamiento del contrato”.
López insiste en que los trámites se realizaron con asesoría del cabildo.
Se refiere a la certificación emitida el 02 de enero de 2010, donde el Ministerio de Medio Ambiente establece que luego de análisis previos se determinó que “los impactos a generar en el citado proyecto son mínimos y que los mismos pueden ser mitigados y corregidos…”.
Además, en una carta del Ministro Jaime David Fernández Mirabal, dirigida a la Regidora Consuelo Despradel, éste le dice que el Restaurante solicitó un permiso de remodelación con el apoyo del Ayuntamiento.
El regidor Julián Roa preside la comisión especial que investiga el caso, “Me extraña porque, yo no creo que pueda negarlo porque lo que se ha estado es buscándole la solución a un problema que ellos tienen”.
Sin embargo, el empresario insiste en que el fallo radica en la incorrecta accesoria institucional.
Se refiere al pago de 446,462 pesos en impuestos municipales pagados el 12 de noviembre, siete días después de que el ayuntamiento le paralizara la obra y formara la comisión que investiga la construcción.
Lo que parece que ha caído en descuido total es la orden emitida por las autoridades municipales para disponer el cese de los trabajos hasta tanto finalizara la investigación.
Los trabajos continúan sin impedimento alguno. Los obreros de la construcción, que inicialmente habían paralizado sus labores cuando vieron nuestras cámaras, días más tarde siguieron en su faena.
Sin embargo, el 8 y 9 de diciembre, los mismos obreros trabajan sin restricción alguna.
En medio del dilema, afloran dimes y diretes políticos.
Tanto Consuelo Despradel como Waldys Taveras dicen que llevarán el caso al Departamento de la Prevención de la Corrupción Administrativa. Aseguran que cuentan con las armas suficientes para proceder en los tribunales.
Resalta que al no recibir los documentos que han solicitado a la sala capitular, las sospechas de posible corrupción aumentan.
Se espera que este tema sea discutido en la próxima sesión del Concejo de Regidores, programada para finales de esta semana y aunque todavía no se ha divulgado que tan avanzadas van las investigaciones, si se prevé que la comisión especial presente un informe.
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