SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Recurrir a un abogado para solucionar una situación legal, puede convertirse en un problema mayor, tanto para el cliente como para el profesional del derecho.
Una prueba fehaciente son las demandas en contra de juristas, que según datos del Colegio de Abogados, en los últimos 11 meses se han incrementado de manera vertiginosa.
Las acusaciones varían, las sanciones también. El caso más reciente fue la condena a tres abogados que fueron llevados al banquillo de los acusados por supuestamente quebrantar el Código de Ética e incurrir en conductas censurables.
Las actividades no merman, la faena es larga, el trajín agotador.
Acompañados de expedientes y libros pasan la mayor parte del tiempo de tribunal en tribunal. Cada uno con la responsabilidad de defender un caso en particular.
Para el presidente del Colegio de Abogados, Diego José García, el derecho, más que una carrera, es un compromiso que abarca las 24 horas del día.
Esa especie de fidelidad social y el apego a las leyes no son inalienables, pero en ocasiones, la traición a la ética prima.
En un desenlace fatal pudo haber terminado el caso de Saúl Pichardo Burgos, quien asegura fue estafado por la abogada Dilcia Mercedes Martínez, tras solicitar sus servicios.
El precio de venta en subasta publica, 500 mil pesos, se está estipulado en el contrato con el comprador.
Pero las indagatorias de Pichardo Burgos le indicaron que hubo gato entre macuto en la supuesta negociación.
Pichardo Burgos no lo pensó dos veces y el 5 de febrero de este año se dirigió al colegio de abogados. Inmediatamente surgieron los intentos por negociar, pero narra que todos fracasaron.
La sentencia disciplinaria emitida el 4 de octubre resalta que la parte querellada nunca compareció a defenderse de las acusaciones, a pesar de que en varias ocasiones fue citada, tampoco depositó escrito de defensa, ni documento alguna que sirviera de base para su defensa.
Han transcurrido unos dos meses desde que se emitió el fallo, dos meses en que el dictamen parece haber quedado en limbo.
No ha pagado y tampoco ha dejado de ejercer como abogada.
Abiertas permanecen las puertas de su oficina, ubicadas en el pequeño municipio de Verón, provincia La Altagracia.
Acudimos a dicha oficina con cámara encubierta. Nuestra productora se muestra interesa en contratar sus servicios.
La acusada apeló el fallo y ahora el caso se está ventilado en la Suprema Corte de Justicia.
Un plazo de diez días, a partir del falló, era lapso de tiempo. Está en el proceso que se está juzgando.
Arrepentirse es lo que desea Carlos Toribio de haber contratado los servicios de la misma abogada.
Toribio dice rechazó la propuesta, ya que el salario que devenga como lavador de mantenimiento de vehículos no le permitía endeudarse más.
Asegura se sentía entre la espada y la pared, por lo que en busca de solucionar el conflicto cayó en manos de Dilcia.
Seis meses después se llevó la gran sorpresa.
“Me dice que tengo que ir a la oficina de ella, voy a la oficina y me dice que firme un papel que dice que voy hacer desalojado y como no soy estudiado le firmé el papel”, expresó Carlos Toribio.
Califica la firma del documento como el boleto a su desgracia.
El terreno y la mejora, todo vendido sin su autorización al señor Luis Clase Flete, los 300 mil pesos de la venta, asegura nunca llegaron a su bolsillo.
Narra que se sintió con las manos atadas. La impotencia se ha apoderado de su persona y las alternativas se van agotando.
Una nueva querella en contra de la abogada Dilcia Martínez Mercedes fue depositada en el Colegio de Abogados.
Dispuesta a dar su versión sobre los hechos nos invita a pasar a su oficina.
No tarda en referirse a las imputaciones más recientes, posteriormente le consulta a su abogado, que según ella se encontraba en una audiencia en San Pedro de Macorís.
Queda a la espera de su defensor para ofrecer sus declaraciones, pero la disposición de dar su versión se fue haciendo efímera a medidas que avanzaba el reloj.
Todo parecía indicar que primaba el interés de que abandonáramos su oficina.
En un abrir y cerrar de ojos surgen las dificultades para volver hablar con la abogada.
El NO finalmente fue rotundo. Posteriormente el abogado de Dilcia nos contactó, pero esta nunca nos concedió la entrevista.
Un diluvio de querellas ha caído sobre el Colegio de Abogados de enero a noviembre de este año. 354 expedientes depositados, 300 fueron reconocidos por el tribunal disciplinario de la organización.
En 87 de los casos se han logrado acuerdos, por un monto total de 8 millones de pesos, otros 73 fueron declarados inadmisibles. 85 tiene vista de cancelación fijada y 36 recibieron fallos condenatorios.
Pedro Rivera califica su experiencia como un atraco. Contrató los servicios del abogado Manuel Ercilio Ramón, en San Pedro de Macorís.
El afán por conseguir sus prestaciones tras 17 años de trabajo en la empresa Astrapú, dice lo indujo a confiar en el trabajo del abogado.
Las gestiones asegura fueron rápidas, pero las maniobras también.
Narra que de inmediato surgieron versiones de que Astrapú posteriormente desembolso el dinero.
Pedro Rivera depositó una acusación formal en el Colegio de Abogados. Después de varias audiencias se dio el fallo.
El pago de los 150 mil pesos a su ex cliente también está estipulado en el dictamen.
Determinante es la decisión de la Suprema Corte de Justicia. La sentencia esta pautada a leerse el 15 de este mes.
Conocen la ley de arriba abajo, sin embargo, algunos incurren en violaciones.
Faltar a los principios de la profesión y a la ética, podría tener un algo costo según el presidente del Colegio de Abogados.
Dos años de suspensión y el pago de 127 mil pesos a su cliente, establece la sentencia dictada en contra de la abogada María Isabel Vázquez.
La demanda fue interpuesta por Juan Isidro Vásquez, quien solicitó sus servicios tras la muerte de su hijo en un accidente de tránsito.
Vásquez se refiere a la muerte de su hijo. En el mismo velatorio de su hijo, dice le firmó un papel autorizándole encargarse de todos lo tramites de la demanda, sin embargo, asegura los cuentos sobre el proceso surgieron casi de forma inmediata.
Una llamada telefónica dice le hizo abrir los ojos.
Justamente el artículo 36 del código de ética del profesional del derecho dice que el abogado dará aviso inmediatamente a su cliente sobre (¿cualquiera?) bienes o sumas de dinero que reciba en su representación y deberá entregarlo íntegramente tan pronto como le sean reclamados.
El artículo califica como una falta de ética que el abogado haga uso de fondos pertenecientes a su cliente sin su consentimiento, además del delito que dicho acto genera.
Vásquez describe que varias semanas después recibió solo una parte del dinero y que la abogada le quedó debiendo 127 mil pesos.
Alega que recurrió al Colegio de Abogados. Los encuentros fueron recurrentes, negociar fue imposible.
Después de varios intentos por gestionar una entrevista con María Isabel Vásquez, quien incluso visitó El Informe supuestamente con para tales fines, aunque después no accedió, grabamos una conversación telefónica.
Los casos de suspensión de los abogados María Isabel Vásquez, Manuel Ercilio Ramón y Dilsia Mercedes Martínez, salieron a la luz pública en octubre, tras las declaraciones del presidente del gremio.
A los tres profesionales del derecho se les acusa de no defender correctamente los derechos de sus defendidos, no actuar con honradez, afirmar o negar falsedades, cometer actos que estorban la administración de justicia, sobornar funcionarios o empleados públicos en algunos casos, publicidad de litigios, utilizar influencias personales con el Juzgador e incumplimiento de convenios con otros abogados.
Después de estas tres condenas presentadas esta noche, otros siete abogados han sido suspendidos de sus funciones por presunto timo a sus clientes.
Deja un comentario