SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una víctima de suplantación de identidad lleva ocho meses en prisión por un delito que asegura no cometió, todo por la compra de un teléfono móvil.
Uno de los números activados a su nombre fue utilizado en la comisión de un homicidio.
Pese a que los autores materiales están también en prisión, el ministerio público mantiene la acusación en su contra.
Un crimen que a principios de este año conmovió a San Pedro de Macorís fue resuelto gracias a una llamada telefónica.
Pero el número en cuestión figura a nombre de un hombre que asegura no haberlo activado, sino que se trata de una línea de las denominadas maco.
Descubrir si se trata o no de un caso de suplantación de identidad es el desafío que tienen las autoridades, que en menos de cuatro meses deberán presentar acusación en contra de los involucrados.
Nos comunicamos con Miguel Cipión de CJ Conexión quien prefirió no hablar en cámara por tratarse de un caso bajo investigación, pero manifestó que a través de las celdas telefónicas las autoridades pueden determinar si Chalas utilizó el teléfono que figura a su nombre y si estuvo ese día en la zona donde se cometió el crimen.
La audiencia preliminar de este caso está pautada para marzo de 2019, fecha en que vence el plazo de doce meses de prisión preventiva.
Los ahorros de toda una vida, perdidos, por la venta de un inmueble también tras la suplantación de la identidad de un dominicano residente en el extranjero.
Un dominicano residente en EE.UU lleva casi una década peleando en los tribunales, a fin de recuperar su casa que fue vendida por un hombre que suplanta su identidad e hizo la negociación millonaria a sus espaldas.
Odalis Elías Tejeda Hernández dice sentirse decepcionado porque pese a que el falsificador fue condenado, no ha podido recuperar la vivienda, que en una segunda transacción fue adquirida una empleada de la JCE, quien al momento del negocio no ostentaba el cargo y que además asegura que fue compradora de buena fe.
Desde 2009, están enfrascados en una batalla legal por sus ahorros perdidos por dicha suplantación, lo ha resultado en tres dictámenes y ahora se encuentra en el Tribunal Constitucional.
Por el momento, ambas partes permanecen a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, que es la última instancia a la que pueden recurrir.
Con relación a Marcos Antonio Silverio Polanco, el segundo en fraguar la venta de la discordia, este guardó prisión en Higüey, de 2011 a 2015 y dos años después, en 2017 volvió a caer tras las rejas, en La Victoria, saliendo en junio de este año, con libertad bajo fianza. Que quede claro que sus encarcelamientos nada tienen que ver con la venta irregular de la residencia, sino con los casos de violación a la Ley de Drogas en 2011 y lavado de activos provenientes del narcotráfico el año pasado.
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