SANTO DOMINGO, República Dominicana.- No existe una provincia en el país en la que no se haya atropellado el derecho a la propiedad. Sólo entre los años 2014 y 2018, se registraron casi mil 500 casos.
Los invasores no discriminan, se sirven con la cuchara grande, ocupando desde terrenos privados, hasta propiedades del Estado.
Lo que no varía es la impotencia de los propietarios legales, algunos llegan hasta el Abogado del Estado con las esperanzas de recuperar su inversión, pero el camino puede tornarse largo y tortuoso, incluso hay quienes con el reclamo ponen su integridad en riesgo.
El encargado de desalojo del CEA sugiere que se dupliquen de 30 a 60 días de vigencia de las órdenes de ejecución de la fuerza pública emitidas por el Abogado del Estado, sin embargo, dicha extensión no da garantías de que los desalojos se realicen en periodo que permita resarcir el daño a los afectados.
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