SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un nuevo conflicto surge en torno al Residencial El Progreso, inaugurado hace más de un año por el entonces presidente Leonel Fernández.
Los terrenos, declarados de utilidad pública para el levantamiento de la obra, pertenecieron al Colegio de Abogados.
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Ahora el presidente fundador de esa entidad asegura que la operación es ilegal, por lo que un grupo de juristas se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar si constituye un ilícito penal la forma en que el Estado se adjudico el área donde hoy se encuentran las tres torres que conforman el cuestionado complejo habitacional.
Algunos de los beneficiados de El Progreso son allegados al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), mientras que algunos cuentan con otras propiedades del Estado.
Pese a que el Residencial El Progreso cuenta con 180 apartamentos, la lista de beneficiarios entregada por el Instituto Nacional de la Vivienda solo señala a 179 adquirientes.
Esta era una de las tantas preguntas que teníamos para su directora Alma Fernández, que después de nuestras repetidas llamadas durante esta semana, nos mando a decir con el relacionista público de la entidad que “Ahora mismo no quiere hacer ningún comentario respecto al tema”.
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