En un lapso de tiempo de alrededor de 24 meses, dos instituciones públicas han promovido siete procesos de alquiler de edificaciones para alojar sus sedes y otras dependencias suyas.
Dichas adjudicaciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Dirección General de Pasaportes, envuelven algo más de 3.4 mil millones de pesos.
Mientras que las instituciones defienden los arrendamientos, entendidos en la materia de compras y contrataciones públicas proponen procesos que no dejen al estado con las manos vacías.
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