SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Leyes y reglamentos quebrantados, estados financieros sin consolidar, contratistas que no están en el registro de proveedores del estado y hasta irregularidades en los Recursos Humanos, son sólo algunas de las anomalías que según la Cámara de Cuentas permearon al Consejo del Poder Judicial de enero del 2009 a diciembre del 2012.
En este mismo periodo, el organismo regulador realizó otra auditoria, pero a la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte, revelándose que el Metro de Santo Domingo operaba sin poliza, además en los registros de la boletería existían diferencias de cientos de millones de pesos.
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Con la primera línea terminada y la segunda en construcción, la Cámara de Cuentas subió al Metro… no para desplazarse sino para investigar sus estados financieros.
Una vez a bordo encontraron que el moderno medio de transporte no contaba con un seguro “…Que cubra los posibles daños que por cualquier circunstancia pudiera afectar… incluyendo cobertura para edificaciones y los sistemas de control del centro de operación”.
Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, se refiere a los más de 1500 millones de dólares, que según la OPRET se gastaron en la construcción de las dos primeras líneas.
La auditoría indica que en el Manual de Sistema de Contabilidad Gubernamental se establece que “…Los activos fijos deben estar respaldados por una póliza de seguro y la cobertura debe ser revisada periódicamente”.
Las irregularidades también alcanzan al sistema de facturación, el cual no contiene las ventas de los dos primeros meses de operación del metro.
Al 2012, aunque se expendían boletos de papel, el sistema no estaba configurado para reconocer sus ventas, además las recaudaciones que alcanzaron los 2mil millones de pesos no eran transferidas oportunamente a la cuenta Única del Tesorero Nacional, puesto que dejaban acumular por distintos intervalos de tiempo.
Los que no se reflejaron en el sistema de boletería administrada por la empresa THALES fueron unos 405 millones de pesos (405, 698, 452) que sí fueron registrados en la OPRET. Es decir, los informes económicos correspondientes a las mismas operaciones no coincidían.
La Cámara de Cuentas también identificó que las informaciones de los 214 contratistas que trabajaban con la OPRET, no estaban completas, faltando en algunos casos las cédulas y de RNC.
El error en las sumatorias de las adendas de tres contratos alcanza los 200 mil pesos, casi 60 mil (59, 604) Consultores y Constructores Sanitarios, unos 65 mil (64, 731) a la empresa ATTECO, mientras que a TERRATEC, LTD más de 180 mil (181, 803).
Otro desacierto, según establece el informe oficial, es que seis de sus contratistas no están registrados como proveedores del estado.
Dicha práctica se extrapola hasta el Consejo del Poder Judicial, donde la auditoría hecha por la Cámara de Cuentas, determinó que se realizaron pagos superiores a los 5 millones de pesos (5, 388, 648) a la compañía MARGRAF S.A., por la compra de materiales de oficina, sin que esta empresa esté inscrita en el registro nacional de proveedores del estado.
Jorge Subero Isa fue el presidente del Consejo del Poder Judicial hasta el 2011, la auditoría abarca desde el 2009 hasta el 2012, es decir los tres últimos años de su gestión y el primero de Mariano Germán.
Cuestionamientos que también generaron su inconformidad tras los resultados de una primera auditoría realizada al Poder Judicial en el 2006 y publicada por la Cámara de Cuentas en el 2009.
Precisamente por encima de su valor se estaban registrando el costo de los bienes muebles construidos en el taller de ebanistería de la entidad judicial, según el informe publicado recientemente, se estaban registrando al costo del mercado, cuando debía hacerse al costo de construcción, como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
La Cámara de Cuentas señala que tienen “…Por costumbre, basados en sus propios Reglamentos Interno de Compras, la entrega del 50% de avance del monto contratado, cuando la Ley de Contrataciones Públicas establece un 20% de avance en todas las compras y contrataciones públicas”.
El análisis reveló que el talón de Aquiles del Poder Judicial también radica en las “Construcciones realizadas sin planificación, sin estudios de impacto ambiental y sin la aprobación de sus planos de obras”.
En el documento señalan, la construcciones de los palacios de Justicia de Monte Plata y Bonao a un costo que alcanza los 50 millones de pesos cada uno (Monte Plata: RD$49, 130,523 y Bonao RD$48, 628, 371).
La auditoría resalta que estas obras se incrementaron en un 50 y 100 por ciento de su valor inicial.
Asegura que en el caso de Monte Plata el alza se debió a que los terrenos que fueron donados por el ayuntamiento, entre otros inconvenientes, tenían problemas de suelo.
En estas dos obras también hubo “Diferencias volumétricas entre las cantidades cubicadas y las pagadas en perjuicio de la entidad” detalla la auditoria, que revela que se pagaron demás un monto superior a los 500 mil pesos (520,030).
La auditoría de la Cámara de Cuentas además establece que el Poder Judicial “Mantuvo en nómina y realizó pagos por el monto de RD$1,058, 663, a funcionarios y empleados, luego de haber renunciado a sus puestos de trabajo”.
Con salarios que van desde 11 mil hasta 60mil pesos, un total de ocho personas permanecían en nómina, algunas hasta año medio después de haber renunciado al cargo.
La investigación determinó que once pensionados de otras instituciones, ejercían funciones el Poder Judicial.
60 empleados del Poder Judicial que al mismo tiempo figuran en las nóminas de otras instituciones, fue otro de los hallazgos.
La Cámara de Cuentas califica como débiles y deficientes los controles internos del Poder Judicial, asegurando que se violaron por lo menos 14 leyes y dos decretos.
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