SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hace diez años se relanzó el sistema procesal penal dominicano con una nueva legislación que buscaba agilizar los casos y descongestionar los tribunales.
Pero, al día de hoy, los aplazamientos retrasan los fallos judiciales, desgastando a los actores en la justicia y provocando pérdidas económicas cuantiosas para el Estado, que debe pagar por el funcionamiento de las cortes y mantener a miles de imputados en las diferentes cárceles del país.
Las quejas por la lentitud en la solución de los expedientes no cesan mientras que se trata de buscar a algún responsable: ¿el Código o los miembros del sistema?
De enero a septiembre de este año el Poder Judicial calculó que en un tribunal colegiado del Distrito Nacional, en esa fecha, se gastaron 9.6 millones, para un promedio de un millón de pesos por mes.
Al calcular el costo por día con un promedio de seis audiencias, estaríamos hablando de que cada causa está costando casi 9 mil pesos, excluyendo los gastos del Ministerio Público y la Defensoría Pública.
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