Se pudiera describir como la danza de los millones, unos 30 mil millones, en incumplimientos o irregularidades en la OPRET entre 2013 y 2017, que auditores de la Cámara de Cuentas dicen compromete la responsabilidad civil, administrativa y en algunos casos la penal de los servidores públicos que permitieron tales conductas.
Lo revelado forma parte del Informe de una Investigación Especial que incluye los últimos 3 años y medio en que Diandino Peña fue la cabeza de esa institución que construyó el metro de Santo Domingo, antes de ser destituido, tras una investigación de El Informe en mayo de 2017.
Justo seis meses más tarde, luego de haber revisado unos 1,400 contratos de la OPRET, este programa presentó un segundo trabajo en el que revelaba anomalías que salen a relucir en esta pesquisa recién publicada, y muchas otras que quedaron sin investigar por la inacción de las autoridades en ese entonces y la prescripción de los delitos.
Según Claudia Alvarez, las sanciones penales que comprometan a los funcionarios o ex funcionarios, van a depender de cuales sean las acusaciones como por ejemplos prevaricación, enriquecimiento ilícito, fraude contra el Estado, etc, que podrian acarrear penas de tres, cinco y en algunos casos hasta 20 años, que seria la pena máxima si se le acusara de lavado de activos.
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