SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A principios de este año realizamos una investigación sobre los llamados embargo irregulares. Estas compañías acudieron a la justicia y aún tienen procesos pendientes.
Casos como el de Altice dominicana han dejado un sabor agridulce en el sistema, y no es para menos.
Mientras el Poder Judicial destituyó algunos de los alguaciles que participaron en el embargo, la fiscalía del Distrito Nacional archivó la querella.
Una mejor suerte tuvo la empresa Tavares Industrial cuyo intento de embargo ya tiene sentencia en contra de al menos dos de los imputados.
Otros afectados siguen buscando respuestas y en el Senado reposa un proyecto de ley que podría poner fin al conflicto.
La comisión de justicia tiene previsto presentar el informe al pleno de senado próximamente.
El mismo establece una serie de sanciones entre ellas, prisión de tres a cinco años y una multa de diez a 50 salarios mínimos a quien ejecute un embargo sin un aval. .
En tanto, la audiencia de objeción al archivo del caso de Altice está fijada para el 02 de julio en el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional.
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