SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Decisiones judiciales que supuestamente contradicen las normas son el eje de las quejas de víctimas y del Ministerio Público de Samaná.
Las quejas incluyen autos de no ha lugar en casos de narcotráfico y hasta una garantía económica de apenas 10 mil pesos por un homicidio, todo a manos del Juzgado de la Instrucción de esa provincia que se encuentran bajo investigación.
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Pero este no es el único dictamen evacuado por el Juzgado de la Instrucción de Samaná que levanta sospechas.
El magistrado Robert Justo, procurador fiscal titular de Samaná entregó la denuncia a la Suprema Corte de Justicia, quien deberá investigar los casos.
Se recuerda que el presidente de la Suprema, Mariano Germán, confirmó el inicio de otra investigación, esa vez a la magistrada Margarita Cristo Cristo, del juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, por denuncias también de irregularidades en sus funciones.
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