SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El nepotismo, la falta de transparencia y el uso de los recursos del Estado para asuntos personales, son algunas de las irregularidades encontradas en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) en la actual gestión, presidida por Olgo Fernández Rodríguez. La revelación fue hecha por el programa El Informe, producido por la periodista Alicia Ortega.
Entre los nombramientos realizados entre septiembre y noviembre de 2012, poco después de que Fernández Rodríguez fuera nombrado director, se encuentran parientes tanto de él, como de su esposa Sonia Agüero Morales.
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Un ejemplo de esto es el consultor jurídico de la entidad, Ángeles Custodio Sosa Morales, quien es hermano de Agüero Morales, o sea cuñado del director y gana RD$54,050. Patria María Muñoz Rodríguez, quien aparece como supervisora con un salario de RD$10,000, es hermana de Fernández Rodríguez.
Ramona Paniagua, también cuñada del director, figura como supervisora devengando un sueldo de RD$30,000, mientras que el hijo de ésta Daniel Ramón Suero Paniagua, sobrino de la esposa del director del Indrhi, está nombrado como supervisor de obras con RD$25,000.
Wilson Rafael Fernández Ramos, sobrino del director de la institución, también aparece como supervisor de obras cobrando RD$22,000. Mientras que Luz del Carmen Fernández Estévez, prima del director, gana RD$15,000 como ayudante.
Cuatro de los empleados que trabajan en la finca del director del INDRHI, están registrados en la nómina con sueldos que van desde los RD$15,000 hasta los $50,000 mensuales.
Félix Cepeda Almonte, quien figura como coordinador del CEGA, devenga RD$39,728.43, Osvaldo Álvarez, asesor de Agronegocios, gana RD$50,000, mientras que Teodoro Taveras, quien aparece como supervisor, cobra RD$20,000 y Julio César Guzmán Pimentel, quien también figura como supervisor, recibe RD$15,000.
Con cámara encubierta, El Informe confirmó que equipos propiedad de la institución y algunos alquilados han sido utilizados para trabajos en fincas particulares. En la denominado “Finca de los Rusos”, ubicada en Las Matas de Santa Cruz, en Monte Cristi, recibimos una denuncia de que se encontraba una perforadora propiedad del INDRHI.
Al preguntar por el operador nos respondieron: “El se la llevó la máquina… para allá para el INDRHI él se la llevó.” La respuesta nos confirmó que el equipo, propiedad de la institución, estuvo en la finca privada, de donde tuvo que ser removido al dañársele una pieza.
Equipos de la institución también fueron utilizados en la finca de su director, según denuncia Bernardo Sosa, ex empleado de la entidad.
Sosa revela que fueron utilizados tanto la maquinaria como el combustible en una de las propiedades de Fernández Rodríguez en Dajabón.
Empleados sin trabajar
Llama la atención que más de un centenar de personas, oriundos y residentes en Dajabón, también el pueblo de Fernández Rodríguez, que figuran nombrados con sueldos entre los RD$5, 200 y RD$25,000, en lugares tan lejanos a su residencia como los Distritos de Riego Este, Lago Enriquillo, Ozama Nizao, Yaque del Sur y Bajo Yuna Nagua, todos a cientos de kilómetros de Dajabón. El Informe llamó a los diferentes Distritos de Riego, tratando de ubicar a ese personal, sin embargo, a ninguno de ellos los conocen en su lugar de trabajo.
El apartado de transparencia de la página de internet del Indrhi no tiene completo el historial de nómina.
Pero una comparación entre la de junio de 2011, la última publicada por la anterior gestión, y la de septiembre de 2012, la primera de esta gestión, donde no se incluyen los cientos de nombramientos realizados entre octubre y noviembre del pasado año, se puede encontrar una diferencia mensual de más de RD$6,045,245 mensuales.
Es decir, en junio de 2011 aparecen 2,704 empleados registrados, lo que ascendía a una nómina de RD$ 26,021,419.61. Un año y tres meses más tarde, en septiembre de 2012, el número de empleados ascendía a 3,127, con la nómina aumentando a RD$32,966,426.03.
Entre las irregularidades detalladas por El Informe con Alicia Ortega también se encuentra personal pensionado en otras instituciones del Estado, lo que es contrario a la Ley 379-81, que expresa en su artículo 11: “Cuando un pensionado o jubilado vuelva a desempeñar funciones remuneradas en organismos de la Administración Pública, en instituciones autónomas o en entidades Descentralizadas del Estado, dejará de percibir los beneficios de la pensión o jubilación durante el tiempo en que preste servicios. Sin embargo esos beneficios le corresponderán de pleno derecho cuando cese el servicio y el tiempo de servicio le será computado y servirá para optar por una mejor categoría en la escala de Pensiones y Jubilaciones.”
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